No hay sesión en el Supremo pero los tribunales siguen marcando la agenda de la política catalana. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado este miércoles como imputado por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral. Ante el juez, Torra ha alegado que mantener los lazos amarillos y la simbología independentista forma parte de la libertad de expresión, según fuentes presentes en la declaración. 

En una declaración que ha durado 40 minutos, el president ha contestado a cinco preguntas de la Fiscalía y a las de su defensa (que ha llevado el peso del interrogatorio) y el juez instructor, Carlos Ramos, pero se ha negado a responder a la acusación popular que ejerce el partido de extrema derecha Vox «por salud democrática».

El president, según las mismas fuentes, también ha argumentado ante el juez que la Junta Electoral Central no era competente para ordenar la retirada de lazos amarillos y pancartas independentistas de los edificios públicos, y que a su vez su orden fue «imprecisa».

La tramitación de la causa contra Torra ha sido rápida, y menos de dos meses después de la querella de la Fiscalía el president ya ha declarado como imputado por desobediencia. El fiscal se querelló contra Torra por desoír el ultimátum de la Junta para retirar los lazos. El pasado 20 de marzo Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges –que no obstante conocía desde cinco días antes– y el 21 de marzo sustituyó la pancarta a favor de los «presos políticos» del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con lazo blanco con una franca roja, en vez de amarilla.

Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos que retiraran los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán. Finalmente, Torra decidió colgar el 22 de marzo por la mañana una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos», que la JEC no ve partidista, por lo que no ha instado a su retirada.


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