La caída de Baguz (Siria), último reducto del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés), alimenta el debate sobre qué deben hacer los gobiernos europeos con sus nacionales presos tras luchar con los yihadistas. Y sobre todo, con sus esposas e hijos. Como todo lo relativo a la política exterior, el problema ha estado ausente en la campaña electoral, pero varios excelentes reportajes de Natalia Sancha desde Siria han levantado la polémica en España. También suspicacias y protestas entre los lectores.

Quejas y comentarios despectivos —en la web hay más de 3.400 reacciones— se han centrado en la información sobre el encuentro de Sancha con tres españolas del ISIS encerradas en el campo de Al Hol (Siria) junto con 11 hijos suyos y otros cuatro de una pareja de yihadistas muertos. Las tres españolas (Yolanda Martínez, Luna Fernández y Luana Miludi, fotografiadas con el niqab o velo integral) contaron a Sancha que fueron a Siria engañadas por sus maridos, dos de los cuales murieron en la guerra, aunque ellas afirman que no eran combatientes.

Cuentan las mujeres —dos de ellas consideradas “viudas de mártir”— que quieren regresar a España, pero con sus hijos, la mayoría nacidos en Siria. “No nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos”, argumentan. En otro texto, hablaba desde Madrid la madre de Luna: “Le perdió el corazón tan grande que tiene; el amor nos ciega a todos”.

El lector Dionisio Rodríguez dice sentirse “asombrado” porque el periódico peca de “paternalista” al presentar a esas mujeres como “unas incautas bondadosas”, pese a que fueron a Siria en 2014 siendo “mayores de edad y libres”, por lo que deben ser llevadas ante el juez si regresan a España. “No disfracemos al lobo de borrego por un buenismo social”, añade.

¿Pecó el diario de buenismo? No lo ve así Inés Alberdi, prestigiosa socióloga y exdirectora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de la ONU para las Mujeres. “Un medio serio”, señala, respeta lo que dicen las entrevistadas “y no tiene por qué dudar” cuando ellas sostienen que fueron engañadas. “No ha de extrañarnos”, añade, que, en un ambiente controlado por extremistas musulmanes, las mujeres obedecieran a sus maridos “sin rechistar”.

Pese a todo, Alberdi opina que son “responsables de haberse vinculado al ISIS”. Es la posición de EL PAÍS en su editorial del día 9: “Las tres yihadistas españolas tienen el derecho a volver a España y el Gobierno tiene el deber de facilitar su repatriación, máxime cuando tienen 15 menores a su cargo. Esto no quiere decir que puedan sustraerse a la legislación española”.

Menos protestas, pero más airadas, suscitó la publicación en portada y en páginas interiores de fotos —y una galería de diez imágenes en la web— de bebés hijos de yihadistas en un orfanato sirio atendido por mujeres kurdas. Ha sido otra exclusiva de Natalia Sancha, que narraba el drama de los miles de niños abandonados tras la guerra.

“¿Quién protege la imagen de esos niños y qué derecho asiste al periódico para tratar de no vulnerar tal imagen?”, preguntó Enrique Luque. “¿Cuánto aporta esas fotos para que sea necesario publicarlas? Lo adecuado es protegerlos (a los niños) y, sobre todo, proteger su identidad”, me escribió Juan Pedracova-Varela. “Se están vulnerando sus derechos a la dignidad y la privacidad”, afirmaba A.V. en la web.

Los responsables del periódico fueron conscientes, explica el subdirector Antonio Jiménez Barca, de que la publicación de las fotos “arrastraría polémica”. Añade que, si los niños hubieran sido españoles, “les habríamos pixelado el rostro para proteger su identidad”. No se manipularon en esta ocasión las imágenes, cuenta Jiménez Barca, para que los ojos de los niños mostraran “toda la violencia de esa guerra, todo su desamparo”.

Recuerda el subdirector que el argumento último para publicar las fotos sin manipular fue este: “Esos niños no necesitan tanto proteger su identidad como sobrevivir, que alguien se ocupe de ellos y, para lograrlo, lo mejor es publicar la fotografía descarnada”.

Javier Urra, miembro de la Academia de Psicología y primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, cree que la libertad de expresión es “esencial”, pero con unos límites que se sitúan allá donde “se daña el presente o el futuro de la personalidad o la madurez de un niño”. ¿Lo ha dañado el periódico?. Urra cree que no, porque no se ha vulnerado este principio de la Ley de Protección del Menor: “Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses”.

Los lectores pueden transmitir apreciaciones discutibles o incluso erróneas, pero en todos los casos tienen derecho a una explicación. El intercambio nos enriquece a todos.

 

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