En España, los gobiernos son adictos a la propaganda institucional. Tiene un carácter de información sobre servicios públicos que puede ser de interés para los ciudadanos. También es obviamente una forma a veces nada oculta de hacer propaganda en favor del partido en el Gobierno o de su ideología. El referéndum de independencia tuvo su campaña en una versión muy limitada, aunque si esos anuncios –en los que aparecían unas vías– vulneraron la prohibición ordenada por el Tribunal Constitucional y si supusieron un gasto para la Generalitat es algo que se está dilucidando en este juicio. De todo eso depende la acusación de malversación. 

Para terminar de complicarlo todo, el Tribunal Supremo no es el único lugar en el que se examina este asunto. También ha sido motivo de interés en la instrucción realizada por el Juzgado número 13 de Barcelona, desde donde han salido algunos hechos muy reveladores. En especial, dos facturas que deberían preocupar a los abogados defensores.

Para intentar conjurar la amenaza del delito de malversación, las defensas tuvieron el lunes la declaración de dos testigos en los que tenían puestas muchas esperanzas: Francesc Esteve, director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, y Mercè Corretja, directora general de Contratación Pública de la misma institución.

Corretja fue tajante. En los archivos de la Generalitat, no ha encontrado «absolutamente ningún contrato» sobre el referéndum del 1 de octubre. Los buscó con el objetivo de tener información para responder a preguntas parlamentarias. «No existe afectación presupuestaria, reserva de crédito, factura pendiente, ni compromiso de gasto», dijo Esteve sobre el trabajo que realizó la empresa Unipost para confeccionar material electoral del referéndum con el logo de la Generalitat por valor de 900.000 euros.

El encargo a Unipost se realizó con un documento sin firma y casi sin pretender tener apariencia de un contrato legal. Eso hizo que la fiscal Madrigal introdujera una matización:

Fiscal: «Formalmente». 

Esteve: «Yo sólo puedo hablar de formalmente». 

Funcionarios como Esteve y Corretja sólo trabajan en el mundo de la ‘formalidad’, donde contratos y adjudicaciones deben hacerse con criterios legales y verificables. El procés se movía –en parte de forma inevitable por la presión del Estado– en una dimensión paralela. Digamos que intencionadamente confusa.

Eso no quiere decir que los acusados se vayan a librar seguro de la acusación de malversación. El tribunal podría llegar a la conclusión de que esos encargos sólo podían proceder de los que organizaron el referéndum, los que querían que tuviera éxito, y que si ese era el caso, tenían la intención de cumplir las responsabilidades económicas comprometidas con esos proveedores. Que las facturas fueran chapuceras podía formar parte de la estrategia original.

Las consecuencias de emitir anuncios en TV3

La defensa sostiene que no se utilizó ni un euro de fondos públicos en el referéndum, aunque tampoco se sabe de dónde salieron los recursos económicos que lo permitieron. Es uno de los misterios del procés a la altura de otros que suelen aparecer en los programas de televisión sobre hechos sobrenaturales.

La defensa no está obligada a presentar una hipótesis plausible sobre la multiplicación de urnas, papeletas, panes y peces. Corresponde a la fiscalía intentar probar que los responsables son los que están en el banquillo. Cuenta para ello con un caso de ‘fuego amigo’. En todas las guerras, siempre hay alguien que mete la pata hasta el fondo y contribuye de forma generosa a los objetivos del enemigo.

Quim Torra junto a Llorach el 10 de mayo cuando acudió al Juzgado para mostrar su apoyo a los directivos de los medios públicos catalanes.

Un hecho innegable es que TV3 y Catalunya Ràdio emitieron anuncios para promover la participación en el referéndum que habían sido enviados por un departamento de la Generalitat. A finales de 2017, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) envió dos facturas por esa emisión. «Hubo un informe de la jefa del Gabinete Jurídico de la Conselleria de Presidencia para que se devolvieran las facturas, porque su emisión dependía del contrato programa», explicó Francesc Esteve. Quiere decir que esos anuncios no eran de pago, sino que formaban parte de la propaganda institucional que los medios públicos catalanes emiten sin cobrar (inicio del curso escolar, las ventajas del reciclaje de residuos, la creación de la República catalana… ese tipo de cosas).

En enero de 2019, sólo un mes antes de que empezara este juicio, la CCMA insistió en cobrar. Ante la discrepancia, se llevó a cabo un procedimiento de revisión de oficio con el que llegar a una conclusión. Según Esteve, el dictamen rechazó el pago porque se había ignorado el procedimiento establecido: «En los últimos siete años, no existe una factura directa de la CCMA a la Generalitat». Y además por haber sido enviada «por un órgano manifiestamente incompetente». 

Quizá incompetente, pero para nada irrelevante. La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, entregó a la Guardia Civil dos facturas por la emisión de esa campaña, según contó este lunes eldiario.es. La que más tiene que ver con los hechos enjuiciados en el Supremo es la segunda por valor de 223.396 euros. ¿Cuándo? El 9 de noviembre de 2017, una semana después de la entrada en prisión de varios miembros del Govern. Alguien había empezado a ponerse nervioso. Tuviera o no efectos legales, fuera o no posible su abono, esas facturas eran una petición de salvoconducto.

Es llamativa la intervención de Llorach, porque el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, le acusa de haberle presionado para que difundiera los anuncios que formaban parte de la campaña del 1-O. Su abogado entregó hace unos días al Juzgado número 13 varios emails que demuestran la implicación de Llorach: «Los correos demuestran que la señora Llorach quiere que se emitan los anuncios y se hacen gestiones para que se emitan, y de manera inesperada se pide la autorización al señor Gordillo cuando nunca antes ni después al director de contenidos de la radio se le ha pedido».

La actuación de Llorach, vinculada al partido de Puigdemont y que hoy sigue en el puesto, tiene sentido si pensamos en alguien que está obligada a cumplir órdenes para estar a la altura de lo que esperaban las personas que la nombraron, y que luego decide que no va a caer sola. Empieza a enviar facturas. Es imputada y finalmente procesada. Sus facturas ponen las cosas más difíciles a los acusados en el Tribunal Supremo y se presenta en el Juzgado número 13 para el último recurso acompañada por… Quim Torra que, además de presidente de la Generalitat, ha apoyado de forma reiterada con su presencia a esos acusados, los mismos que preferirían no ser condenados por un delito de malversación.

Aceptemos que son del mismo partido y que eso cuenta. Quizá su relación se base también en esa idea que dice que en tiempos críticos no es conveniente señalar con el dedo a alguien que sabe demasiado. 

Si en todo esto hay algo en que no termina de comprenderse bien, el lector debe entender que algunos protagonistas del procés han tenido una doble vida. A veces, ha sido compatible defender a viva voz el derecho del pueblo catalán a independizarse y luego preocuparse por las posibles consecuencias jurídicas que le podían acarrear algunas decisiones a esa persona en un futuro inmediato. 

Hay muchos Llorach en el procés. 


Source link

Deja un comentario