En la Agenda del cambio, presentada a comienzos de este año, se resume la hoja de ruta del Gobierno de España para los próximos años. Y se hace definiendo un objetivo claro y progresista: aproximar la economía y la sociedad española a lo que hoy se denomina una economía inclusiva y sostenible.

Un objetivo oportuno

Como se afirma con muy buen criterio en la página catorce de la Agenda: “El dinamismo económico es condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar”. Y de ello es buena prueba el hecho de que en una reciente publicación del Foro Económico Mundial, justamente para evaluar el crecimiento inclusivo en los países más ricos del mundo, España siendo un país en el que (entre 2012-2017) creció su economía muy por encima de la media de los 30 países más ricos del mundo  aún se situaba en la posición 26ª en bienestar social o desarrollo inclusivo. Y además, lo que es aún más grave, España era de los treinta países considerados aquél (junto con Grecia) en el que más se había deteriorado dicha inclusividad entre 2012-2017.

Es este un diagnóstico que, sorprendentemente, no se cita en la Agenda (que sí se refiere a un breve documento de la UE sobre crecimiento inclusivo) porque en él encajarían como un guante, por ejemplo, dos de los síntomas de este declive de la inclusividad que sí aparecen en la Agenda: que España es el país de la UE con más porcentaje de contratación temporal (en 2017 un 22%), y que somos el tercer país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta.

Lo que demuestra que el dinamismo económico es por tanto condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar. Un asunto central para quién esto escribe (ver aquí y también aquí).

Dos ausencias

Entre los diecisiete objetivos y decenas de medidas planteadas oportunamente en la Agenda, para revertir la actual no inclusividad, hecho sobre todo en falta un objetivo y un panel de medidas centradas en mejorar la competencia en los mercados. Para que se reduzca la creciente captura de rentas de los ciudadanos en mercados no competitivos. Tanto en macro sectores regulados (finanzas, energía, telecomunicaciones, etc.) (ver aquí) como en otros más locales (servicios de todo tipo, por ejemplo a la vivienda). Pues solo se rastrea en la Agenda una oportuna referencia a reforzar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en el objetivo dieciséis sobre instituciones sólidas) y poco más en una referencia a los cárteles en la contratación pública.

Sería éste un objetivo equivalente, para la competencia en los mercados de bienes y servicios, a lo que sí se plantea para el mercado de trabajo: “Eficiencia y equidad en el mercado laboral”. En la línea de evitar algo que, por ejemplo, sí se reconoce como efectos de la revolución digital “surgimiento de posiciones de dominio de mercado que alteran las condiciones de competencia”.

Como la agenda asume el objetivo de inclusividad social pero también el de sostenibilidad ambiental, llama la atención que en sus quince primeras páginas no se haga ningún diagnóstico detallado de la situación ambiental de España, sobre todo en relación a la última fase de crecimiento económico.

Lo que explicaría que luego, por poner tres ejemplos significativos, no encontremos ninguna medida específica sobre sobre concesiones hidráulicas, sobre el origen de la electricidad para baterías de automoción o sobre el imparable crecimiento del transporte aéreo (dentro de las reformas propuestas para transición ecológica).

Nuevas perspectivas

Sin embargo la Agenda sí tiene el coraje de asumir un déficit fiscal histórico, que explicaría entre otras cosas nuestro actual endeudamiento público, cuando en la página veinte anota que “… la ratio de ingresos públicos sobre el PIB de España está por debajo de la de los países de nuestro entorno (38% frente al 45% de la UE y 46% de la zona euro y lejos de los países escandinavos) y se ha reducido en los últimos años”. Algo que, para complicarlo aún más, se estaría agravando en la actual fase de digitalización y robotización galopante según se añade en esa misma página: “La economía ha cambiado, se ha producido la revolución digital y la participación en el Valor Añadido Bruto de los salarios por un lado y las rentas empresariales por otro han seguido patrones claramente divergentes desde el año 2006”.

Un déficit fiscal histórico, agravado hoy por la erosión y devaluación de las bases salariales (para consumo e IVA, o para cotizaciones), que según la Agenda del Gobierno debiera provocar una profunda revisión de un modelo de protección social hoy muy vinculado al mercado laboral (para pensiones, desempleo, etc.).

Creo que, en estos dos vectores de análisis, sería muy oportuno distinguir las actividades externas, necesariamente automatizadas y digitalizadas, de las internas (sobre todo servicios) intensivas en empleo humano directo digno, estable y cualificado.

Como se plantean en Japón (ver pp. 37-38 de mi Crítica del hipercapitalismo digital). Y hacerlo, entre otras medidas de carácter fiscal interno y externo, ampliando y reformando las bases de cotización a la seguridad social. Para que las primeras, las más digitalizadas, no sean cada vez más gorronas del sistema y para que las segundas, las más intensivas en empleo, dejen de ser las costaleras (como concreto en las pp. 120-123 del mismo ensayo).


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