PSOE y Unidas Podemos tendrán que decidir si defienden en el Congreso la solución que apoyaron en el Parlament de Cataluña para los diputados del procés suspendidos por el Tribunal Supremo. Allí, siguiendo una sugerencia del juez instructor del caso, Pablo Llarena, respaldaron un acuerdo de la Mesa de la Cámara catalana que permitió a los diputados en prisión preventiva ceder provisionalmente el ejercicio de sus derechos a un compañero de grupo parlamentario, de manera que su suspensión no afectase a las mayorías elegidas por los ciudadanos en las urnas.

En el mismo auto en el que, el pasado mes de julio, comunicó la suspensión al Parlament, el magistrado del Supremo Pablo Llarena estableció que “la suspensión provisional del escaño no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el periodo de la suspensión de los cargos”. Y añadió que “tampoco resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”.

Para resolver ese dilema, el instructor del caso del procés sugirió que el Parlament arbitrase una solución al asegurar que “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento”.

Aquel auto dio pie a la Mesa del Parlament, con el respaldo del PSC y de Catalunya en Comú, la marca catalana de Podemos, a arbitrar una modalidad de delegación no prevista en el reglamento de la Cámara catalana, en el que hasta ese momento sólo cabía delegar el voto “con motivo de una baja por maternidad o paternidad” y en “los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas”.

Aquella posición es precisamente en la que se basó este miércoles Gerardo Pisarello, uno de los representantes de Unidas Podemos (UP) en la Mesa del Congreso, que en declaraciones a Naciódigital adelantó que si la suspensión sale adelante pedirá que el Congreso arbitre un mecanismo de delegación similar al del Parlament. Si el PSOE acepta la propuesta de UP, como hizo el PSC en el Parlament, la solución podrá salir adelante en la Mesa del Congreso donde entre las dos formaciones suman cinco de los nueve votos.

Los miembros de la Mesa tendrán ocasión de abordar este asunto en la primera reunión de la legislatura, que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para las 12:30 horas de este jueves. En vez de someter la suspensión al criterio del órgano de gobierno de la Cámara, como le exigen los partidos de la derecha —PP, Cs y Vox—, Batet prefirió pedir al Tribunal Supremo que establezca si los diputados en prisión preventiva, Oriol Junqueras (Esquerra), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (los tres de JuntsxCat), están efectivamente suspendidos en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Esta norma dispone, en su artículo 384 bis que cuando sea “firme un auto de procesamiento” y haya sido “decretada la prisión provisional”, dos circunstancias que se dan en este caso, “por delito cometido por persona integrada o relacionada con rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

La derecha ha interpretado inmediatamente la posición de Batet como un intento de demorar la suspensión para contentar a los independentistas. Pablo Casado y Albert Rivera sostienen que existen acuerdos ocultos entre el PSOE y las fuerzas soberanistas.

La Sala que juzga el procés, presidida por el magistrado Manuel Marchena, no tiene previsto contestar de inmediato a Batet, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, por lo que las aclaraciones no estarán listas para la primera reunión de la Mesa.

Todo apunta a que, ante las solicitudes de PP, Cs y Vox, y las dudas de Unidas Podemos sobre la pertinencia de que sea la Mesa y no el Supremo quien declare la suspensión, el debate derivará al encargo de un informe a los letrados del Congreso.

El reglamento del Congreso

El articulo 21.2 del reglamento de la Cámara Baja establece que “el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva mientras dure ésta”. Los presos soberanistas con escaño cumplen estas condiciones, excepto la de la autorización del suplicatorio, un trámite que el Supremo considera innecesario.

En cualquier caso, el Supremo no tiene más remedio que pronunciarse sobre la suspensión después de que la Fiscalía le haya pedido que comunique al Congreso y al Senado de manera “inmediata” la suspensión de los representantes del soberanismo, los cuatro diputados y el senador republicano Raül Romeva.

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena firmaron une escrito en el que afirman que se trata de un mandato de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta disposición, subraya la Fiscalía, es “una previsión normativa” “de obligado cumplimiento”, por lo que “ambas Cámaras parlamentarias deben proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión en el ejercicio de sus funciones”, sin esperar siquiera a que los letrados de las Cortes emitan dictamen alguno.

Si finalmente las Mesas les suspenden, el listón para controlar las votaciones en el Congreso se reducirá de 176 a 174 diputados. Una cifra al alcance de Pedro Sánchez sin el apoyo de los soberanistas catalanes y vascos si consiguiese sumar a los votos del PSOE los de UP, PNV, Compromís, PRC y Coalición Canaria. Pero si prospera la idea de hacer posible la delegación de voto, se mantendrá el reparto de escaños de la sesión constitutiva.

En el auto con el que el Supremo permitió la participación de los parlamentarios en las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado el alto tribunal evitó pronunciarse sobre el artículo 384 bis de la Lecrim y se limitó a señalar la improcedencia de solicitar el suplicatorio para juzgarles con el argumento de que la vista oral había comenzado mucho antes de la convocatoria de elecciones.

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, calificó la posibilidad de que ambos sean suspendidos de “precedente muy grave”. “Es inverosímil”, afirmó, porque “la letra de la ley no aguanta esta interpretación”. Si llega a ocurrir, presentará el correspondiente recurso ante el Congreso o ante el Supremo, adelantó.


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