El proyecto socialdemócrata ha realizado sucesivas reformulaciones para intentar adaptarse a los tiempos cambiantes, aunque algunas fueron tan poco afortunadas como la tercera vía de Blair y Giddens, que suponía una negación de algunas de las esencias de la socialdemocracia. Dos personas de background tan diferente como Borja Balagué (Larga vida a la socialdemocracia; 2019) y el profesor francés de Harvard Philippe Aghion (Repenser l’État;2012) descalifican con similares argumentos la tercera vía de los laboristas británicos.

En la actualidad un proyecto socialdemócrata remozado debe mantener como uno de sus objetivos principales redistribuir la renta y la riqueza. El objetivo se justifica al constatar que la posición que un individuo ocupa en la distribución de la renta está determinada en un porcentaje muy elevado por el azar (el medio en el que nace y avatares fuera del control del afectado). En España ese porcentaje podría superar el 50%. Consideraciones de justicia equitativa legitiman, pues, intervenir. Pero, además, la desigual distribución está muy afectada por el mal funcionamiento de los mercados (ineficazmente regulados y supervisados) de trabajo y de productos. Estos defectos empeoran también la eficiencia productiva y la innovación. La narrativa de Stiglitz en su Rewriting the Rules of the American Economy (2015), por ejemplo, ilustra con enorme fuerza cómo el estancamiento de la inversión y de la productividad es un subproducto de las mismas distorsiones que han conducido al aumento de la desigualdad.

Es necesario redefinir los derechos laborales en un marco productivo configurado por las tecnologías digitales

Por ello, el proyecto socialdemócrata, junto a avances en los mecanismos y programas de redistribución ex post, se plantea influir en factores que promueven la generación de la desigualdad. Se podía hablar, como hace Balagué, de un planteamiento predistributivo que acompaña a las políticas distributivas. Se pueden hacer en el terreno de la educación (y de la sanidad), pero también en el de la regulación de los mercados y en otras áreas.

Una educación de la infancia (0-12 años) que dote a todos los niños de conocimientos y, además, que les lleve a desarrollar habilidades sociocognitivas (disposición para aprender, pero también para comunicar; capacidad de adaptación; capacidad de identificar problemas y obstáculos y de diseñar estrategias de solución; trabajo en equipo, etcétera) igualaría algo las condiciones iniciales de los jóvenes y reduciría la probabilidad de exclusión de muchos.

La predistribución supone también regular y supervisar los mercados de bienes y servicios para evitar situaciones de poder de mercado, en las que se producen abusos sobre competidores, proveedores, clientes y empleados. Ello supone revisar las regulaciones y potenciar los órganos supervisores. En este sentido, también implica revisar las normas de los mercados y del gobierno corporativo que incentivan el cortoplacismo de los gestores (desconfiar del mantra de la creación de valor para el accionista, que tantas aberraciones alberga) y permiten la consolidación de grupos de poder dentro de las empresas que condicionan las decisiones en su solo beneficio.

Habría que considerar nuevos impuestos para impulsar una economía más verde y gravar las transacciones financieras

En el mercado de trabajo es necesario redefinir los derechos laborales en un marco productivo configurado por las nuevas tecnologías, incluidos los que fomentan la agrupación para la defensa de los intereses de los empleados en la economía digital. Pero no encuentro razones, en cambio, para rechazar la idea del contrato único que reduzca la dualidad contractual (indefinida y temporal). Desde luego es necesaria también una respuesta activa al mal funcionamiento del mercado laboral, como desarrollar programas de FP dual que contribuyan a la incorporación de jóvenes (y parados) al sector productivo; potenciar las agencias (públicas) de trabajo, que deberían acompañar y dirigir a los buscadores de empleo. Esto supone reforzar sustancialmente estos servicios y dotarlos de personal y de metodologías adecuadas, lo que está justificado por la huella permanente que dejan situaciones prolongadas de paro. Una buena gobernanza de estos programas es fundamental.

Junto a este acompañamiento activo a los más desafortunados, complementario a los programas de sostenimiento de rentas, habría que diseñar acciones que acompañen a los emprendedores mediante una política industrial adecuada para una economía digital en un mundo globalizado, tal como sugiere Aghion. Este tipo de políticas levanta sospechas, a veces fundadas (dudas sobre su eficacia y peligro de clientelismo), que solo se pueden superar si existe una esmerada gobernanza de los programas, incluida una continua evaluación de los mismos y si, como sugiere el propio Aghion, se ponen en marcha cuidando que no se produzca una merma de competencia en las áreas en las que se aplican. Es precisa también una política de investigación bien financiada y bien gestionada, que incluya esquemas de colaboración pública-privada.

Pero el modelo socialdemócrata sigue planteándose, además, hacer redistribución ex post mediante programas de sostenimiento de rentas. El impacto de la revolución digital sobre el empleo llama aún más a acciones de este tipo. Algunas de las variantes de renta mínima serían apropiadas, cuidando tanto su diseño como su gestión, pues en los intentos que ha habido se ha incurrido en defectos en los dos aspectos.

Aunque algunas de las acciones predistributivas no implican gasto público, otras sí. Y las distributivas lo requieren. Por tanto, se necesitaría un sistema fiscal, que además de ser progresivo, generara suficientes recursos, antagónico por tanto de la posición de los tres partidos de la derecha española, que postulan la bajada de impuestos como un fin en sí mismo. El sistema en su conjunto necesita ser reordenado y varias de las figuras existentes sufrir algunas modificaciones, tanto en la definición de su base imponible (revisar las deducciones) como en sus tipos (¿está tan justificado como se pretende gravar con distinto tipo las rentas de capital y las del trabajo? ¿Y el tipo reducido del IVA de servicios como la restauración?). Pocas dudas respecto a defender un impuesto de sucesiones progresivo. El caso del niño de Rivera apunta claramente a lo mal diseñada que está en España esta figura impositiva, tan relevante para mejorar la igualdad de oportunidades y defendida en el influyente Informe Mirrlees (un conocido liberal, por cierto), pero no justifica su desaparición. El mejor diseño del impuesto debería incluir un tratamiento específico de la herencia de las empresas familiares, pero uno diferente a su injustificada exención. Hay fórmulas. Desde luego, por último, habría que considerar la creación de nuevas figuras impositivas: como respuesta a la economía digital globalizada, para contribuir a una economía más verde y para gravar las transacciones financieras. Y, en cualquier caso, mejorar la calidad y gobernanza de la gestión tributaria, que en España no cumple con requisitos mínimos de eficacia y respeto del Estado de derecho.

En definitiva, el proyecto socialdemócrata, aunque pendiente de una mayor profundización y de perfilar varios aspectos, parece ser una alternativa realista, más justa y socialmente más integradora. Creo, además, que propiciaría un mejor funcionamiento de la economía.

Carlos Sebastián es catedrático de Universidad y autor de España estancada y Para que España avance (Galaxia Gutenberg).

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