El 40% de todas las gasolineras del país cerradas o en situación de “pre-ruptura de stock”, las regiones de Oporto y Grande Lisboa en estado de emergencia energética y estado de alerta energética en todo el país, gabinete urgente de crisis de los ministerios de Administración Interna, Ambiente, Economía e Infraestructuras y Vivienda, aviones con posibilidad de no poder despegar por falta de combustible, miles de portugueses haciendo cola en las pocas gasolineras que ofrecían combustible, camiones cisterna escoltados por policía y militares de la Guardia Nacional Republicana para abastecer las necesidades de las refinerías de Matosinhos, al norte del país, y de Sines, en el sur.

Parece un escenario post-apocalíptico de un futuro nada deseado, pero es lo que vivió Portugal durante tres días el pasado abril. Desde la semana pasada pinta un escenario similar. Y no ha sido culpa de ninguna crisis internacional de abastecimiento, sino de un pequeño sindicato de transportistas nacido hace escasos siete meses. Pequeño, tan pequeño que tan solo cuenta con alrededor de 700 socios, a 6,50 euros la cuota mensual de los sindicados.

El Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (Sindicato Nacional de Transportistas de Materias Peligrosas, SNMMP), nacido el pasado 8 de noviembre de 2018 de una asociación no reconocida para establecer convenios laborales, ha dejado al país temblando de miedo ante la posibilidad, muy real, de un desabastecimiento general a partir de este lunes, 12 de agosto, cuando comenzó una nueva huelga indefinida de los transportistas. El efecto dominó en la última huelga de los transportistas se hizo tan evidente que hasta hubo temores de una ruptura en la cadena de alimentos para granjas de explotación animal.

Nadie antes del pasado 15 de abril, día en que el sindicato de transportistas inició la huelga que llevaba semanas anunciando, podía esperar semejante escenario de pánico. Ni el Gobierno, que una y otra vez ninguneaba las demandas de los transportistas cuando aún no estaban establecidos como sindicato, ni la sociedad, ni siquiera el propio sindicato.

En declaraciones al diario portugués Público, Rui Pedroso, afiliado al SNMMP y transportista de materias peligrosas desde hace 22 años, aseguraba: “Cuando éramos una asociación nadie nos escuchaba. Ni los partidos, ni el Gobierno, ni los patrones. Pasamos a ser un sindicato, continuamos reivindicando nuestros derechos y nadie nos escuchó. Hace 15 días dijimos que íbamos a hacer una huelga, y nadie nos hizo caso. Ahora, con los efectos que ha causado la huelga, todos quieren escucharnos. Confieso que no esperaba una huelga tan fuerte, pero tuvo, en efecto, una gran adhesión y ahora nos tienen que oír y dar una respuesta clara a nuestras justas reivindicaciones”.

Ciertamente, como afirmaba Pedroso, la huelga tuvo un 100% de adhesión, según el sindicato, aunque, como aseguraba su representante legal, Pedro Henriques, “estamos cumpliendo íntegramente los servicios mínimos impuestos por el Gobierno. No existe ninguna violación de la ley”. Cuatro meses y muchas negociaciones después, las posturas no se han acercado lo más mínimo, y los transportistas han vuelto a la calle.

El Gobierno amenazó con sacar la artillería pesada si los servicios mínimos no son cumplidos, esto es, sacar al ejército a transportar el combustible

De esta vez, el problema de los servicios mínimos vuelve a abrir otro frente entre el Gobierno, el sindicato SNMMP y la patronal del sector, la Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM). El Gobierno amenazó con sacar la artillería pesada si los servicios mínimos no son cumplidos, esto es, sacar al ejército a transportar el combustible. Extremo que de hecho ya está ocurriendo a poca escala, con 120 militares realizando tareas de carga y descarga. La ANTRAM asegura que no van a ser cumplidos los mínimos esenciales y que esta no es una huelga contra la patronal, sino contra el país, y el sindicato de transportistas dice que la propia ANTRAM está boicoteando esos servicios mínimos al no facilitar los cuadrantes de las escalas a los transportistas.

Las reivindicaciones

¿Qué llevó a este pequeño sindicato a rebelarse de forma tan devastadora? ¿Cuáles son las reivindicaciones de los transportistas? Según el vicepresidente de la unión de transportistas, exigen “el reconocimiento de la categoría profesional, porque somos considerados apenas trabajadores de (vehículos) pesados, a pesar de existir diferencias y (de que somos) obligados a tener formación profesional”, existiendo también “riesgos adicionales”. Además, se quejan de que habitualmente reciben pagos de dietas de forma ilegal, y de que las empresas “han ejercido una presión tremenda sobre estas personas”, en referencia a los socios del SNMMP, e incluso amenazas de despidos por haberse sindicado. Por último, exigen un salario base de 900 euros al mes, punto que la ANTRAM no está dispuesta a aceptar.

Este domingo, el 10% de las gasolineras no disponía de ningún tipo de combustible a la venta, y a día de ayer, martes, el 30% de las gasolineras de todo el país no contaba con uno de los combustibles o con ninguno

“Ya le pusimos al ministro [de Economía] los pelos de punta”, declaró António Medeiros, dirigente del sindicato, tras una reunión con el gabinete de crisis del Gobierno. “Ya alcanzamos el objetivo. Excelente, excelente, esto va a paralizar el país. La huelga solo parará cuando nos den lo que exigimos. Ellos [el Gobierno] están desesperados”.

Y no es para menos. Se cierne un escenario con el único precedente del pasado abril, y este precedente no es nada tranquilizador: en tan solo tres días, de las cerca de 3.000 estaciones de servicio registradas en el país, 2.776 estaciones habían declarado la ausencia de uno de los dos combustibles, o gasolina o gasoil. Este domingo, el 10% de las gasolineras no disponía de ningún tipo de combustible a la venta, y a día de ayer, martes, el 30% de las gasolineras de todo el país no contaba con uno de los combustibles o con ninguno.

La estampa más común en las estaciones de servicio desde hace cuatro o cinco días es el de colas de coches esperando a llenar el depósito, algunos hasta con bidones y cubas para prevenir futuras situaciones de escasez. En las redes sociales se multiplican las foto-denuncias de supuestos oportunistas que acumulan combustible para revenderlo, creando un ambiente de paranoia conspiratoria que las redes sociales y los bulos no hacen sino empeorar.

El Gobierno, tras una reunión del gabinete de crisis, ha declarado el racionamiento de combustibles y la crisis energética hasta las 23:59h del próximo 21 de agosto. El primer ministro, António Costa, lleva días intentando tranquilizar a la población, acudiendo a los centros de gestión del combustible a nivel nacional y mostrando ante los medios una aparente calma y control. Sin embargo, el mensaje tranquilizador no parece haber calado en los portugueses, y ya el ministro de Sanidad tuvo que salir a desmentir que no hay riesgo en el abastecimiento de hospitales.

Si ya la pasada semana se vivían momentos de tensión en las estaciones de servicio, el país puede esperar lo peor a medida que pasan los días. Nadie sabe cuánto puede durar, y hasta el portavoz de los transportistas, Pedro Pardal Henriques, a última hora de ayer, martes, puntualizó ante la falta de acuerdo entre patronal y sindicato: “La huelga puede durar diez años”.


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