Los Gobiernos de Malta y de Italia han aceptado acoger en su territorio, por razones de salud, a cuatro mujeres y un hombre embarcados en el Open Arms. El gesto es equívoco en la medida en que pretende esconder detrás de una concesión humanitaria una abstención política: no solicitar de la Comisión la activación del mecanismo europeo para hacer frente a estos casos, manteniendo a la Unión en situación de parálisis e intentando zafarse por esta vía de cualquier atisbo de solución que incluya un reparto de los náufragos entre los países miembros. Lejos de conseguir este propósito, el gesto de Italia y Malta ha revelado la verdadera debilidad de los Gobiernos, que han querido convertir la política migratoria en combustible para radicalizar al electorado. Por duro que sea el lenguaje al que recurren, saben que no pueden permanecer indefinidamente impasibles ante lo que sucede frente a sus costas sin desacreditarse, ni tampoco prolongar las disputas entre socios de la Unión tomando como rehenes a un centenar y medio de seres humanos en situación de absoluto desvalimiento.

Las organizaciones que han salido en su socorro han recordado que no se puede ignorar una realidad que, antes de involucrar conceptos como el efecto llamada, la identidad o, incluso, la seguridad, siempre asociados con los turbios cálculos electorales del populismo, exige ser contemplada en sus rasgos más elementales. El Mediterráneo sigue marcando una de las divisorias políticas y económicas más profundas del mundo, con guerra y miseria a un lado y estabilidad y prosperidad al otro. Y es esta divisoria la que hace que miles de personas se echen al mar en embarcaciones precarias, bien como refugiados que huyen de un conflicto abierto o bien para probar una suerte más benévola que la que les ofrecen sus países de origen. Acusar de buenismo a quienes recuerdan la insoslayable necesidad de tomar en consideración esta realidad y sus consecuencias es solo un intento de convertir un insulto denigrante en un conjuro pueril, con el que se pretende la salida mágica de hacer que desaparezca el problema por la vía de negarle cualquier solución, que sea a la vez políticamente factible y moralmente obligada.

La Comisión asumió ayer la tarea de conciliar este doble imperativo al iniciar contactos discretos con varios Estados miembros para buscar una salida a los náufragos recogidos por el Open Arms. Es claro que, una vez más, Europa se propone dar respuesta a un caso específico y no afianzar un mecanismo reglado dentro de una política migratoria común. Pero esta circunstancia no disminuye el valor de la decisión en la que pueda desembocar el movimiento de Bruselas, sino que lo acrecienta: los objetivos más ambiciosos no pueden servir de coartada para posponer las decisiones que urgen. Sobre todo, cuando lo que propone un creciente populismo es que esos objetivos no se asuman y que esas decisiones no se adopten. Al salir al rescate de los náufragos, Europa ha colocado a los Gobiernos de la Unión ante sus propias responsabilidades. ¿No habrá ninguno que, solo o en compañía de otros, permita que la Comisión medie para salvaguardar la seguridad y la dignidad de niños, mujeres y hombres hacinados sobre la cubierta de un buque?

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