Abogados Cristianos ha retomado su campaña contra la eutanasia con el caso de María Teresa, una mujer de 54 años con una enfermedad neurodegenerativa. La familia, defendida por la organización ultraconservadora, pidió medidas cautelares para exigir que, si entra en parada, se la reanime con técnicas avanzadas. Los médicos que la atienden en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares consideran que eso supondría «encarnizamiento terapéutico» ya que padece una enfermedad a la que no puede sobrevivir. El juzgado, con un informe forense, ha estimado las medidas solicitadas por la familia y ha ordenado que sí se la reanime, según las medidas cautelares, hasta que se tome una decisión judicial firme.

Según Abogados Cristianos, si «la ley por el derecho a matar», como ellos la llaman, estuviese aprobada, «se hubiera acabado con la vida de María Teresa en contra de su voluntad y la de su familia». Pero no sería así, ya que las leyes sobre eutanasia hasta ahora planteadas contemplan precisamente la «voluntad expresa» de la propia persona a morir para que no prime la de la familia o el equipo médico. María Teresa, según su familia, no lo ha comunicado: ella, actualmente, no habla y ellos entienden «por sus gestos» que quiere vivir. Abogados Cristianos piden que lo que se refuerce sean los «cuidados paliativos», que ya están protegidos por distintas normas estatales y autonómicas que garantizan que la atención a un paciente terminal «prevenga y alivie el dolor».

El proceso se da a la vez que el del francés Vincent Lambert. Tras 11 años en estado vegetativo y una batalla legal entre sus padres y esposa, finalmente se le desconectó y este jueves murió. Pero lo de María Teresa, defienden desde el Hospital, «no tiene nada que ver con la eutanasia», ya que no se está provocando su muerte sino que se le sigue «atendiendo en las mejores condiciones posibles». Lo que se trata, insisten, es de no aplicarle técnicas que le van a provocar ese «encarnizamiento terapéutico». El término médico para el «encarnizamiento» es distanasia, y lo describe la doctora en Bioética María Cuneo como la «insistencia» en la aplicación de recursos médicos que «no solo no mejoran» la condición clínica del enfermo sino que «empeoran la calidad de vida» o prolongan «una existencia penosa sin esperanzas de curación».

Al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, le parece «una barbaridad» que la Asociación esté acusando a los médicos de «homicidio». Lo que se ha hecho «sigue todos los códigos deontológicos. El comportamiento es correcto. No lo es hablar de eutanasia, porque esto es no prolongar una situación de gravedad con medidas de encarnizamiento terapéutico. Se ha mediatizado, pero no es nada que no ocurra diariamente en la sanidad madrileña, española y mundial». 

Un debate abierto desde hace años

Abogados Cristianos ha lanzado el órdago hacia ese tema porque el debate sigue abierto: este viernes, la plataforma Change.org ha llevado al Congreso un millón de firmas que piden la despenalización de la eutanasia. Están acompañados por la Asociación Derecho a Morir Dignamente y por Ángel Hernández, detenido en abril por asistir el suicidio de su esposa, María José Carrasco. A día de hoy la eutanasia y el suicidio asistido son delitos en el Código Penal, con penas de entre dos y diez años, con rebaja si hay «petición expresa» y «la víctima» sufre «una enfermedad que conduciría necesariamente a su muerte», pese que el 77% de los españoles estarían a favor de una ley de muerte digna, según el CIS de 2011, el último que preguntó por esto. La pasada legislatura fue la primera en la que una Ley de Eutanasia se planteó con visos de prosperar en el Congreso después de que se rechazara la de Podemos.

La que más lejos se llevó fue la de los socialistas. El PP le presentó una enmienda a la totalidad sin ningún apoyo. Ciudadanos estaba a favor, pero condicionaron su ‘sí’ a que saliese antes la suya sobre cuidados paliativos. Ambos partidos (PP y Ciudadanos) la paralizaron en la Mesa hasta el 5 de marzo, día que se disolvieron las Cortes, justo un mes antes de que falleciera Carrasco. Las últimas semanas ha saltado otro caso, el de Antonio Monguilod, enfermo de párkinson que quiere evitar implicar a sus familiares en su muerte. «En España hay miles de personas», calcula Fernando Marín, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, «pero no puedes exigir a quien se encuentra en el peor momento de su vida que se exponga en los medios; mucho menos que se arriesguen a un delito, como Ángel».

Con la nueva legislatura ya echada a andar pero sin Gobierno, los trámites parlamentarios vuelven a cero. El documento que el PSOE presentó a Unidas Podemos para la posible investidura de Pedro Sánchez incluía «el impulso definitivo de la Ley «de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida» y la de «Regulación de la Eutanasia». Unidas Podemos siempre ha mostrado iniciativa por esa regulación y así lo reflejaba su programa para el 28A, de hecho presentaron una ley de eutanasia que no prosperó por la abstención de PSOE y Ciudadanos en 2017. El de Ciudadanos también recogía «el derecho a la eutanasia con control y garantías». El del PP no la mencionaba, solo los cuidados paliativos y el testamento vital. Vox abogaba por la «defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural».

Solo 90 diputados en contra

Marín observa que «estos meses, la presión social ha crecido. Probablemente haya pocos derechos civiles sobre los que haya tanto acuerdo. Por lógica democrática, ha de haber una regulación. Solo hay 90 diputados en contra explícitamente, los que suman Vox y PP. De Ciudadanos, a pesar de ese camino errático que llevan, esperamos que mantengan su reciente compromiso. Más del 75% del hemiciclo en principio está a favor, por primera vez una composición que se parece a la sociedad». En 2017, Metroscopia concluía que hasta el 84% de los españoles estaban de acuerdo con que los médicos suministrasen alguna sustancia que «conduzca al fin de la vida» a «enfermos incurables» que lo pidan.

A los responsables de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente el PSOE les ha transmitido las intenciones de reactivar la norma si hay un Ejecutivo. Como consta en su documento de investidura, pretenden que sea el mismo texto de la Ley que ya tuvo recorrido parlamentario hasta marzo. «Hubiésemos querido que se cambiase alguna cosa: no nos gusta el mecanismo de control sobre cada caso mediante comisiones autonómicas, ¿y si hay miembros a propuesta de Vox? Eso es un trámite que podrá alargar el sufrimiento de quien está tomando la decisión de morir y que, además, creará diferencias entre ciudadanos según la comunidad».

«Creemos que debe de haber un control pero ha de ser técnico y de mutuo acuerdo con el médico, con una segunda opinión de otro profesional», explican sobre el procedimiento. Le ponen más ‘peros’, como que el requerimiento de «discapacidad» que consta puede acabar encallando procesos. En resumen, opinan, la Ley que quiere reemprender el PSOE es garantista aunque mejorable, y «tendrá que verse cómo se aplica, con 17 comunidades habrá 17 maneras de abordarla». Por ahora «es lamentable que estemos paralizados», aunque son optimistas y lo que sí expresan que esperan es que, esta vez sí, la ley llegue a tiempo para que se absuelva a Ángel Hernández con carácter retroactivo.


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