La Fiscalía ve una organización criminal en 28 de los 30 procesados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O.  El Ministerio Público ha solicitado a la jueza añadir este delito a los de malversación, desobediencia, prevaricación o falsedad documental por el que fueron procesados los altos cargos, entre ellos la cúpula de los medios públicos catalanes: la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo.

En su escrito de recurso contra el procesamiento, los fiscales solicitan añadir el delito de organización criminal porque, a su juicio, 28 de los 30 procesados intentaron «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de Cataluña del Reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada». 

El escrito, firmado por los fiscales anticorrupción Fernando Maldonado y Teresa Crespo, además de la fiscal del caso, Isabel Nevot, argumenta que el auto de procesamiento de la jueza expone una serie de acciones, contrataciones y decisiones de los altos cargos para impulsar la votación de manera coordinada, pero obvia luego procesarles por el delito de organización criminal, castigado con hasta ocho años de cárcel, cuando se dan los requisitos para ello.

En concreto, recuerdan los fiscales, el delito de organización criminal es aplicable a los altos cargos porque hay indicios de que conformaron una «agrupación formada por más de dos personas con carácter estable que de manera concertada se repartieron tareas con el fin de de cometer delitos». De esta forma, si la jueza acepta la petición fiscal, todos los procesados se expondrán a penas de cárcel, y no solo los 17 procesados por malversación, falsedad documental o revelación de secretos.

Asimismo, la jueza ha solicitado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación después de que aportaran 3,8 de los 5,8 millones de fianza, han informado fuentes judiciales. Se trata de un trámite habitual en estos casos que no comporta el embargo directo de los bienes, han informado las mismas fuentes. 


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