Oriol Junqueras durante su turno de última palabra este miércoles en la 52ª jornada del juicio del procés.

El último día de la vista oral es diabólico. Los alegatos de los procesados acumulan sentimientos, exhiben victimismo, proyectan heroicidad. ¿A quién no enternece una mención al hijo pequeño acercándose a las rejas?

De esos discursos, quien prefiera atenerse a las llamadas a un futuro distinto recordará el de Oriol Junqueras, quien, ensimismado, clamó por “devolver la cuestión al terreno de la buena política, al terreno de la negociación y el acuerdo”.

O mejor, al del autocrítico Santi Vila, que repasó “cómo hemos podido llegar a este punto, a este despropósito” cuando muchos esperaban que llegase la rectificación y el pacto.

Y “cómo debemos enderezarlo”, ante una encrucijada en que “entroncaremos o con la peor o con la mejor de las tradiciones”: esta, la de una España “plenamente democrática”. “Nada de fatalidades”, impetró.

Un alegato final, como el minuto de oro de un debate televisado, suele embellecer los rincones más feos del pasado, con un lenguaje amable y digerible por todos los públicos.

Así, ¿quién discrepa de la idea genérica de evitar la “judicialización de la política”? Pero siempre que la política no se judicialice a sí misma, despeñándose por atajos ilegales; ni se politice la justicia.

¿Quién no simpatiza con una cierta “desobediencia civil”, pacífica, ante un eventual abuso? Pero siempre que cumpla las estrictas reglas que le impuso el gran filósofo John Rawls (Justicia como equidad, Tecnos, 1986).

Entre ellas, cumplir el requisito de ser “objeto de injusticia a lo largo de un amplio período de tiempo”, y que esa injusticia, de carácter más o menos deliberado, constituya “una clara violación de las libertades de igual ciudadanía”.

¿Quién en su sano juicio se opondría al lema, esgrimido de nuevo este miércoles, según el cual “la censura no debe entrar en el Parlamento”?

Claro está, siempre que la Cámara mantenga la afección por el principio de la separación de poderes, por el cumplimiento de las resoluciones judiciales y por el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias: la oposición, que representa —a veces— a la mayoría de los ciudadanos.

Y es verdad comprobada que la Constitución de 1978 contó a los catalanes entre sus más ardientes defensores (la votaron en dos puntos porcentuales por encima de la media), pero no porque el “reconocimiento de la personalidad de Cataluña” fuese una “contraprestación” al sistema democrático que instauraba.

En efecto, los catalanes estaban y están interesados en la democracia y en el autogobierno —que constituyen dos caras de la misma libertad—, pero no en un mero cambio de cromos de una a otro.

También es un sueño ahistórico y romántico la idea de que la violencia no haya “formado parte del código de conducta catalán”. Pregunten por las guerras carlistas, los años veinte del “pistolerismo”, o la guerra civil española (también, sangrientamente, catalana).

Hubo quejas asimismo sobre la “falaz instrumentalización” de un presunto “odio” a España por parte del mundo indepe, y concretamente de los procesados. Bastante razonables.

Pero ayudaría a la salud colectiva tener un president de la Generalitat que no acarrease una mochila de escritos xenófobos y no ensalzase a lo más ultra y violento del nacionalismo catalán de los años treinta, como Daniel Cardona y los hermanos Badía.

“Odia al delito y compadece al delincuente”, escribió con sabiduría Concepción Arenal. Los procesados del procés no son delincuentes, gozan de la presunción de inocencia, al menos mientras no medie condena firme contra ellos.

Pero sería una buena conclusión de esta aparatosa, dura, compleja y polifacética vista oral que todos los demás actores se esforzaran por distinguir mejor.

Por ejemplo, entre la crítica a una política, y el respeto a quienes erróneamente la practican; entre debelar unos hechos y propugnar a un tiempo el garantismo y la ecuanimidad de la Justicia.

Un gran ejemplo de esa actitud, en situación muy, muy distinta, lo dio el poeta Joan Maragall. En 1909, tras la Semana Trágica —una terrible insurrección anarquista contra la movilización de reservistas para la guerra de África—, escribió para La Veu, el diario de la burguesía catalanista, el emotivo artículo La ciutat del perdó.

Le pedía que se movilizase contra la pena de muerte dictada al pedagogo libertario Francesc Ferrer i Guàrdia, presunto inspirador de aquella insurrección que tanto perjudicó a esa burguesía. No vio la luz.

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