Hoy se celebra la última jornada del juicio al Procés, una sesión que ha comenzado con las conclusiones de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, y que se espera que termine con el turno de última palabra de las doce personas acusadas.

Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, ha comenzado expresando sus sospechas de que este juicio tenga que ver con el “derecho penal del enemigo”. Roig ha hecho hincapié en que el derecho de reunión es un derecho fundamental recogido en la Constitución española, sin que para ejercerse necesite de permiso previo, en referencia a las manifestaciones por la que ha sido acusado Jordi Cuixart, que, además, sí se fueron comunicadas.

“Jordi Cuixart solo participó en la concentración del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía”, ha señalado la abogada, incidiendo que el resto de concentraciones también están enmarcadas en el derecho de reunión. También que él siempre exhortó a la ciudadanía a que se comportara de manera no violenta y que no permitieran que nadie se comportara de manera violenta. “La intención nunca fue impedir la actuación policial sino protestar ante ella”, ha expresado la abogada sobre la concentración ante la Conselleria de Economía.

En cuanto a los actos de acoso en dependencias de policía y Guardia Civil, la abogada señala que no se ha presentado ninguna prueba, y en las imágenes que se han aportado de las del 20 de septiembre, se ven a gente cantando Els Segadors o haciendo performances con urnas. En las referidas estudiantes de los siguientes días, estudiantes cantando delante de un cuartel y concentraciones sin ningún tipo de incidente. En cuanto a la iniciativa Escola Oberta, Roig recuerda que fue organizada por la comunidad educativa, también basada en la no violencia.

Sobre el 1 de octubre, la abogada ha señalado también cómo las imágenes muestran que no hubo actitud violenta, en contra de lo declarado por algunos agentes de la Policía y Guardia Civil durante el juicio. “De más de la mitad d e los colegios no hay pruebas videográficas, a pesar de que los agentes llevaban cámara”. “La supuesta violencia generalizada no fue tal”, subraya Roig. En cambio la abogada señala que sí hubo más de mil ciudadanos agredidos y hay un centenar de agentes de policía y guardia civil que están siendo investigados por uso desproporcionado de la fuerza.

“No se trata que no existe democracia sin ley, encubriendo el eslogan con una manera formal de la constitucional, sino combinar estos tres elementos: ley, democracia y constitución”, concluye la abogada, tras solicitar nuevamente su puesta en libertad inmediata para que no se prolongue la vulneración de sus derechos fundamentales.

Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, ha sido la siguiente. Ha comenzado señalando que no se entiende la distinción entre Forcadell y el resto de la Mesa de la Asamblea, que están siendo juzgados en Catalunya por desobediencia y se enfrentan a una condena de inhabilitación, mientras ella se enfrenta a 17 años de cárcel. “El Código Penal, si no nos gusta, habrá que hacer una reforma, pero no podemos inventarnos los tipos penales”, señala en cuanto al concepto de violencia normativa que ha aparecido durante el proceso.

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Esta crónica es parte de la colaboración entre El Salto y Catalunya Plural. Puedes leer el texto en catalán aquí. 


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