La activación del título III de la Ley Helms-Burton, ignorado sabiamente por las Administraciones de Clinton, Bush y Obama, ha endurecido las relaciones de Estados Unidos con Cuba, por supuesto, pero también ha involucrado en un enfrentamiento judicial a las empresas extranjeras instaladas en Cuba y, en especial, a los intereses españoles en la isla. El título III faculta a empresas y ciudadanos estadounidenses a iniciar reclamaciones judiciales por los bienes y activos que les fueron expropiados y nacionalizados en 1959. El daño que causará esta decisión en la evolución económica de la isla es casi tan grande como el tamaño del disparate que supone reclamar ahora ante los tribunales estadounidenses una reparación por decisiones tomadas 60 años atrás.

Es inútil pedir a la Administración de Trump un cálculo correcto de las decisiones que toma; buena parte de su estrategia negociadora consiste en sembrar el miedo en sus interlocutores por encima de los costes, propios y ajenos de esa estrategia. El título III desestabiliza la economía de Cuba desde el momento en que introduce un factor indeseado más de incertidumbre entre los inversores presentes y futuros. Ahora mismo ninguna empresa sabe si en el futuro será asaltada por una reclamación judicial con la que difícilmente pudo contar en el momento de invertir; y tampoco está en disposición de asegurar que la Administración estadounidense no tomará medidas de represalia para su dinero o sus productos.

La maniobra de Washington parte de la presunción abusiva de que los tribunales norteamericanos pueden extender su jurisdicción fuera de sus fronteras. Las reclamaciones deberían plantearse si acaso ante un tribunal internacional o arbitraje independiente.

Las empresas españolas están implicadas en este conflicto inesperado. Tienen que disponer de cuantiosos recursos económicos para hacer frente a litigios que, en su origen, son de naturaleza política. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha enfatizado que el Gobierno está dispuesto a defender los intereses españoles con medidas propias y, por supuesto, con todas las que pueda aplicar un miembro de la Unión Económica y Monetaria. La economía española se juega mucho en Cuba. Para empezar, sus posiciones privilegiadas en el mercado hotelero; para el futuro, las oportunidades de inversión sobre todo en energías renovables, automóvil y transporte, donde la experiencia empresarial española es superior a la de sus competidores.

La Administración de Trump no juega a una sola carta; utiliza los tribunales como un arma de coacción para amedrentar las inversiones del resto del mundo en Cuba. La respuesta adecuada debe ser supranacional y calculada. La prudencia elemental aconseja graduar la respuesta oficial al oportunismo de la Helms-Burton de acuerdo con la evolución de los acontecimientos. Pero el hecho es que las primeras reclamaciones ya se han presentado en Estados Unidos. Una primera respuesta sería una reclamación europea en la Organización Mundial de Comercio, ese organismo multilateral de mediación que Trump y su equipo están empeñados en liquidar. Las autoridades europeas deberían tener preparado, como mínimo, el mecanismo de bloqueo de inversiones y productos estadounidenses en Europa, previsto en la legislación comunitaria.

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