Hay épocas en las que el sufrido columnista de política nacional empieza a desesperarse. Pasan las semanas y no acontece nada relevante. Seguimos ya meses sin que se atisbe la posibilidad de la formación de Gobierno. Con el frente catalán secuestrado hasta la aparición de la sentencia del Supremo, solo nos queda seguir el politiqueo entre Vox y sus pactos frustrados en Murcia y Madrid o, sobre todo, el partido de ping-pong retórico entre Podemos y el Gobierno en funciones.

Siempre se puede apostar por ver cómo acaba este bloqueo, culpabilizar a una u otra parte, asombrarse por la extravagante consulta que Podemos propone a sus bases, o especular sobre posibles reformas legales que impidan que esto siga siendo la norma en el próximo futuro. Pero seguiremos sin hablar de política, de esa que se hubiera producido en forma de decisiones o, por ejemplo, mediante la presentación de proyectos de reforma; o sea, los contenidos de lo que vulgarmente llamamos “gobernar”. Ahora solo se politiquea, y el coste está a la vista. Si en el mundo más general de las transacciones económicas se habla del lucrum cessans, la pérdida de beneficios derivada de algún daño, en política podemos recurrir a algo similar: no gobernar tiene también sus consecuencias negativas, su lucro cesante.

El que más debería preocuparnos es el más intangible, el que no se mide por contenidos concretos, sino por la erosión de ese combustible tan imprescindible para la democracia que es la confianza. Es el recurso más escaso y el más amenazado. Y ahora con mayor razón, porque, en definitiva, somos bien conscientes de que solo podremos resolver nuestros grandes problemas a partir de la creación de consensos mínimos entre las diferentes fuerzas políticas. Es decir, justo aquello de lo que cada día nos vamos convenciendo que es imposible. Desde 2015 llevamos intentándolo sin éxito. Y esto no es solo un problema de las reglas o procedimientos establecidos, que es donde se está poniendo el foco, sino de los actores que tienen que operar con ellas.

La confianza en una democracia está en relación directa con su capacidad para actuar en la línea del interés general. Y aunque somos plenamente conscientes del pluralismo de intereses e identidades que nos constituyen como sociedad, todos sabemos que estos pueden administrarse sin problemas si nos atenemos a las reglas básicas que conforman el sistema. Cuando se deja que el tacticismo de los actores predomine sobre ellas, cuando las estrategias de confrontación vetocrática se imponen sobre las de cooperación, cuando los políticos se erigen en mera clase discutidora en vez de en clase decisora, es cuando comienzan a sonar todas las alarmas. Llevan sonando desde el 2015 y seguimos sin reaccionar.

La explicación más corriente es la que dice que carecemos de verdaderos liderazgos. Puede ser. También sirve el argumento de la “italianización”, que la sociedad está comenzando a auto-organizarse a espaldas del sistema político. Esto último es preocupante porque apunta a un cambio estructural, no coyuntural, a la aparición de ciudadanos descreídos al borde del nihilismo político. Contra el desencantamiento con la democracia no suele haber terapias.

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