En febrero pasado, cuatrocientos trabajadores y trabajadoras de Sol de Valdivia hacían huelga porque no estaban cobrando el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) que fija el jornal de seis horas y media en 46,34€ y la hora para fijos y eventuales 7,13€/hora. En marzo, la plantilla de HaciendasBIO hacía lo propio a las puertas de la central. En el mes de mayo corrieron como la pólvora las reclamaciones de Raúl, jornalero despedido por quejarse ante la falta de herramientas en su tajo. En junio, hace tan solo unos días, ochocientos trabajadores y trabajadoras de la finca La Adelantada (Badajoz) perteneciente a El Escobar (Grupo Catalá) paraban indefinidamente hasta que no se les ingresara la nómina de mayo con la subida del SMI y se comprometieran a pagar los atrasos que les pertenece desde el 1 de enero de 2019.

A estas huelgas se suman otras que están o han estado a punto de estallar por el impago del salario mínimo como el caso de Tangerina S.L., que a día de hoy sigue sin cumplir con la ley, la finca municipal de Guareña, que se encuentra en la misma situación, o las fincas de Torrealta y Torrebaja, en el término municipal de Guadiana. El conflicto se extiende, lo que augura un verano caliente y no solo por las temperaturas de esta tierra. La campaña de la fruta es larga y luego vendrá el tomate, el pimiento, la vendimia, el tabaco, la aceituna… Y a todo esto, el convenio del campo sin firmar.

Si se mantiene esta situación, no es aventurado pensar en la huelga general

Los próximos meses anuncian movilizaciones en el campo extremeño para exigir la aplicación de la subida del salario mínimo y un nuevo convenio colectivo con mejoras laborales que recupere derechos perdidos. Si se mantiene esta situación, no es aventurado pensar en la huelga general.

La Asociación 25 de marzo y los sindicatos CNT y CGT  vienen trabajando en acciones de información y reivindicación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El pasado lunes irrumpieron en la sede de ASAJA Mérida, la patronal mayoritaria del campo extremeño, para «señalarles con el dedo como uno de los principales responsables de la situación laboral del campo extremeño», afirman en su comunicado, acusándoles también de estar llevando a cabo el boicot a la firma del nuevo convenio colectivo y a la aplicación del salario mínimo en el campo extremeño.

Los activistas y sindicalistas están organizando asambleas informativas en los pueblos y en las principales empresas agrarias

Los activistas y sindicalistas están organizando asambleas informativas en los pueblos y en las principales empresas agrarias. Además, han anunciado su intención de reunirse en los próximos días con representantes de la Inspección de Trabajo para reclamarles, en sus palabras, «la acción inmediata ante estas empresas», contra las que han convocado una manifestación el próximo martes, 18 de junio, a las 9:00 de la mañana, a las puertas de la Asamblea de Extremadura (Mérida) para denunciar «las condiciones laborales en el campo y la pasividad y responsabilidad en ello del gobierno extremeño».

Actualmente, hay más de 65.000 trabajadores y trabajadoras agrarias en Extremadura, un número que no ha dejado de crecer en los últimos años por la llegada de grandes grupos inversores al sector agroindustrial extremeño. Este hecho ha supuesto, además, un cambio estructural en las relaciones laborales, ya que el tamaño de las explotaciones ha crecido y, con ello, las demandas colectivas de los jornaleros y jornaleras. 


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